La deuda de Montoro, Montilla, Rute y Priego supera el 75% de su presupuesto municipal. El Consistorio de la capital también sobrepasa el límite establecido por el Gobierno de la Nación.
Si sigue adelante la medida adoptada por el Gobierno central para que los ayuntamientos españoles cuya deuda supere el 75% del presupuesto municipal no puedan solicitar ningún tipo de préstamo en el año 2011, en la provincia de Córdoba hay cuatro municipios, además del de la capital, que se tendrán que apretar especialmente el cinturón en el próximo ejercicio. Se trata de Priego de Córdoba, Rute, Montilla y Montoro, cuya deuda se sitúa en el 78%, 78,5%, 99% y 101%, respectivamente.
Según los datos de que dispone el Ministerio de Economía y Hacienda sobre la deuda viva de los ayuntamientos españoles, estos son los únicos cuatro de la provincia (más el de la capital) que, con las cifras correspondientes al año 2009, no tendrán ninguna opción de pedir financiación externa para acometer sus inversiones y aliviar sus deudas.
El caso más delicado, según los datos del ministerio, es el de la capital, cuya deuda se estima en un 106% del presupuesto municipal, ya que las cuentas de la Corporación municipal cordobesa en el año 2009 ascendían a 295.175.000 euros y tiene registrada una deuda de 312.558.000 euros, cuando el máximo que este nuevo decreto del Gobierno permitiría para la ciudad se quedaría en 221.381.250 euros.
Según las tablas del Ministerio, en la provincia de Córdoba será el Consistorio de Montoro el que tendrá menos posibilidades, ya es el que presenta un nivel de endeudamiento mayor. Así, mientras que el presupuesto del año 2009 ascendió a 7.687.059 euros, su deuda viva recogida por el citado ministerio se situaba al término del mismo ejercicio económico en 7.761.000 euros (101%), cuando el máximo que le hubiera sido permitido era de 5.765.300 euros.
El segundo caso más grave es el de Montilla, que, con un presupuesto municipal en el año 2009 de 18.616.447 euros, ha alcanzado un nivel de deuda del 99%, al tener registrado un débito de 18.433.000 euros. El máximo que este nuevo decreto del Estado le hubiera permitido al Ayuntamiento montillano para seguir solicitando préstamos se quedaba en 13.962.335 euros.
Hay dos ayuntamientos que sobrepasan también el tope del 75% de endeudamiento fijado por el Gobierno, aunque en este caso están mucho más cerca de quedarse dentro de lo permisible. El primero de ellos es Rute, donde la deuda viva se sitúa en el 78,5% del presupuesto municipal, ya que de un presupuesto 7.432.150 euros, tiene declarado un débito de 5.838.000, cifra que supera ligeramente el máximo estipulado por el ministerio, que sería de 5,574.112 euros.
Similar es la situación de Priego de Córdoba, donde también supera en un 3% el tope estipulado, al colocarse la deuda municipal en un 78% del presupuesto total del Ayuntamiento. De este modo, sobre los 17.411.232 euros que maneja el Consistorio, ha alcanzado una deuda que asciende a los 13.617.000 euros, cuando el nivel máximo autorizado para este caso se quedaría en 13.058.424 euros.
El decreto al que se hace mención ha sido una medida tomada por la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que en su primera propuesta era mucho más tajante y cerraba las puertas completamente a los ayuntamientos a pedir financiación externa a partir del año que viene, pero que más tarde fue matizada y restringía la propuesta solo a aquellos consistorios cuya situación económica es más delicada, manteniendo la prohibición solo a los municipios cuya deuda se sitúe por encima del 75% del presupuesto municipal.
Esta medida ha sido criticada desde diversos estamentos políticos. Así, el PP ha calificado la medida de "parcheado", en palabras del coordinador de política autonómica y local, Juan Manuel Moreno, quien cree más necesaria una nueva ley de financiación municipal que resuelva la situación de "asfixia financiera" en la que se encuentran las corporaciones locales, informa Europa Press .
Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido una flexibilización de la medida. En concreto, demanda que se adecue el porcentaje de endeudamiento de los ayuntamientos para que ninguna entidad local saneada y con capacidad para atender la amortización de créditos quede excluida de las medidas anunciadas.
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