A principios de enero de 1933, se forma una comisión depuradora formada por los concejales Manuel Madrid, Pedro Morales Serrano y Antonio de la Rosa, quienes elaboran un informe en el que denunciaban a los actuales patronos que regían el Hospital de San Juan de Dios, José Luis Castilla Ruiz, José Tomás Valverde Castilla y Antonio Calvo Lozano. Les acusaban de nombrar los patronos a su voluntad, de su pasado monárquico, de su desafección a la República y de que se atendían a los enfermos teniendo en cuenta razones políticas, para terminar pidiendo la separación en sus puestos de regidores del hospital. Con este deseo, era la tercera vez que en poco más de dos años los regidores municipales habían intentado, sin conseguirlo, la remoción de los patrones del Hospital de San Juan de Dios. La primera de ellas fue dirigida al Ministro de la Gobernación en septiembre de 1931, y en el posterior expediente de investigación que se incoó, el Ayuntamiento no presentó pruebas suficientes para demostrar sus acusaciones.

            En el informe que José T. Valverde manda a la Junta Provincial de Beneficencia, acusa al alcalde, Francisco Adame, diciendo "que si acredita la terquedad de su inspirador no le revela como hombre de grandes iniciativas, pues la denuncia no es, en definitiva, sino una mala reproducción de la presentada por la Alcaldía en 29 de septiembre de 1931 (...)". Después, con una claridad meridiana pasa a rebatir, punto por punto, todas las acusaciones, explicando cómo la administración del Hospital de San Juan de Dios, a principios del presente siglo, dependía del Ayuntamiento, pero debido a su mal funcionamiento, en 1900, por medio de una Real Orden, se creó una Junta de Patronos para el gobierno de la Fundación y en las sucesivas renovaciones se habían cumplido a rajatabla los reglamentos. Para continuar demostrando que muchos rectores eran adeptos a la República y terminar exponiendo que no podían presentar un caso en el que por motivos políticos se hubiera atendido o dejado de atender a un enfermo o herido. Como en las anteriores circunstancias, el Patronato Provincial no tiene en cuenta las acusaciones y los patronos siguen en sus puestos[1].

LA SANTERA DEL CALVARIO

   Este caso fue una extrapolación de los enfrentamientos entre nuestros dos grupos en el que de cierta manera se vio implicada la iglesia, puesto que el hecho sucedió en la ermita del Calvario. El acontecimiento acaeció ya bien implantada la II República en un frío mes de febrero del año 1934. Por lo visto, el domingo de Piñata, la santera había celebrado la boda de un familiar en su casa habitación de la ermita y la Cofradía de los Dolores la acusaba de haber dado un baile en el interior de la ermita. Reunida la Directiva, y estimando que el caso era de una gravedad extrema, acuerdan la destitución de la santera, le quitan las llaves de la ermita y tapian la entrada que comunicaba la casa con la iglesia. Pues aunque también aprueban la expulsión de la casa vivienda adosada a la ermita que habitaba la santera, ésta no se marcha al principio, ya que encuentra un defensor en Luis Alcalá‑Zamora Aguilera, propietario de los terrenos del Calvario, quien alega que todo los que hay en el monte, excepto la ermita es de su propiedad. De esta forma, la santera no hace caso a los numerosos requerimientos de la Cofradía para que dejara la vivienda. Pasa el tiempo, se producen importantes hechos históricos con la victoria de las ideas conservadoras y la Directiva, en la que había declarados miembros valverdistas, en vez de perdonar, lo que pudo ser un hecho circunstancial debido a los vapores etílicos o a la falta de espacio y no un baile programado, elabora nuevos expedientes, cinco años más tarde, ya en 1941, que manda al obispado en los que intentaba demostrar que la casa era de propiedad y administración parroquial. Esta documentación surte el efecto deseado y la santera y su familia son expulsadas durante más de veinte años, hasta que los nuevos santeros dejan la ermita y el hermano mayor, Eduardo Siles Luque, entrega de nuevo las llaves a los familiares de la familia expulsada[2].

DE "CASINO A "CIRCULO",  Y DE "CIRCULO" A "CASINO"

            En uno de los puntos anteriores titulado En el Casino de Priego hemos tenido ocasión de ver como en el año 1909 se nombra a don Niceto socio de Mérito de la Sociedad "Casino de Priego". Esta distinción nunca la perdería, lo que sí perdería sería el nombre del Casino. Vimos como en plena euforia republicana, el año 1932, siendo alcalde y presidente del Casino Francisco Adame, se llama al casino "Círculo Alcalá‑Zamora" para posteriormente quitárselo en el año 1937.

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